Cuando de Internet se trata, quienes prácticamente vivimos en ella y la utilizamos no solo para divertirnos sino como principal herramienta de trabajo, sabemos que a lo largo de estos últimos años las libertades individuales se han ido reduciendo, y la utopía de una Internet libre para todos, sin fronteras, así como la neutralidad en la red, queda cada día más tapado por las ambiciones de los distintos gobiernos del mundo.

Esta mañana me enteré gracias a La Nación que un diputado (Rubén Almará) entrerriano llevó a la Cámara una propuesta para restringir el uso de las redes sociales «en caso de conmoción social». El proyecto fue automáticamente apoyado por el ministro de Cultura y Comunicación de la provincia de Entre Ríos (Pedro Báez). Al parecer, según comentó el mismo diputado, el proyecto fué aprobado ayer a la noche por unanimidad, cosa que no confirmó ningún medio.

El proyecto tiene tres artículos (En realidad 2, ya que el 3° es de forma).

En su primer artículo se consagra (las negritas son mías): «a través del Ministerio correspondiente y ante casos de conmoción interior, inste al organismo nacional competente en la materia a establecer políticas de regulación y restricción de los medios electrónicos de Internet y las redes sociales, tendientes a bloquear a todos aquellos comentarios, expresiones y/o información de carácter delictivo, que lesionen la paz ciudadana, que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las autoridades legalmente constituidas.»

Vamos por partes. En un principio, cualquier persona que lo lea creería no haber ningún problema, verdad? MAL.

La ley 26.032 establece en su artículo 1° que «La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.»
Es decir, el proyecto ya de entrada es inconstitucional. Se pone en juego no sólo la libertad de expresión en Internet y el derecho de acceder a la información, sino la misma vida democrática de sus usuarios y habitantes.

En su artículo segundo, el proyecto establece «Instar al Estado Nacional a intervenir y emprender las acciones encesarias para exigir a las empresas proveedoras de servicios de internet el bloqueo de las redes sociales en toda la Provincia de Entre Ríos durante el tiempo que fuese necesario, para restablecer el orden público ante la instigación a cometer delitos que atentaren contra el orden constitucional y la vida democrática».

Ahora tenemos el supuesto cómo, lo que buscan es exigirle directamente a los ISP (proveedores de Internet) de la provincia que corten el acceso a las redes sociales.
Como bien comenta Beatriz Busaniche en esta nota para Cuestión Entrerriana, cuando durante las protestas ante el gobierno de Mubarak en Egipto (2011) se cortó Internet, la respuesta de los ciudadanos no fue para nada lo que esperaban, logrando el efecto contrario. Es como querer apagar un incendio tirándole combustible, ese es el nivel de conocimiento sobre Internet que maneja el diputado Almará.

Cuando de revueltas y movimientos se trata, Internet no es nada más que un simple hub, un punto de conexión, donde la gente se informa, comenta, discute, aporta.
Si, las redes sociales, sobre todo Twitter, ayudan a que siempre hayan unos cuantos haciéndo de comediantes y dándo shows de stand up en 140 caracteres sobre el tema del momento. Ellos también son delincuentes según este proyecto? al parecer si.

Lo que nos preocupa a quienes vemos esto con lupa, es cuándo y dónde se traza la línea, el punto final. Este proyecto es la puerta principal por donde luego entrarán todo tipo de medidas para restringir nuestra libertad en Internet. ¿Ahora cuando a un gobernador o funcionario público no le guste algo que dijeron de él en las redes sociales, o sea fuente constante de quejas y reclamos por su mísera gestión, decidirá ‘apagar’ las mismas?

Han llegado a mandar cartas documento a usuarios de Twitter por mostrar la realidad del accionar político de muchos funcionarios, no me sorprendería que comiencen a detenerlos con este tipo de proyectos. Y peor aún, imaginen que vuelven a planearse protestas (como ya sucedió con el 13S, 8N, etc) por Internet, ¿el gobierno se respaldaría en ello para callarnos, prohibirnos el acceso para expresarnos?

Otra cosa que debería hacerles un poco de ruído es que, por unos pocos, nos jodemos todos. Porque claro que el proyecto no dice que solamente se verán afectados a la misma quienes utilicen las redes sociales para desestabilizar el orden constitucional del País y la democracia, NO, se le ordena al ISP y este corta para todos por igual.

Yo me pregunto, ¿por qué mejor no utilizar las redes sociales donde estas personas inadaptadas para vivir en sociedad democráticamente comparten sus mensajes para saber exactamente quienes son, dónde viven y  tomar medidas concretas según el caso?

Ya se ha hecho. Incluso, Facebook es la principal red social dónde, gracias a la idiotez de estas personas, en Taringa! armaron un post escrachándo a saqueadores en Córdoba con fotos, nombres y todo. ¿Por qué no utilizar al cuerpo policial para investigar y procesar a los responsables, en vez de atropellar las libertades civiles?

Definitivamente, a mi manera de verlo, con este tipo de proyectos no se está solucionando un problema de raíz, sino, como estamos lamentablemente acostumbrados en Argentina, se lo ata con alambre total está todo bien. Es un parche inaceptable como resultado de un suceso que espero, por el bien de los habitantes y ciudadanos, no vuelva a repetirse.

Actualización: Según le comentó Pedro Báez -ministro de Comunicación de la provincia de Entre Rios- a Cronista, el proyecto fue eliminado y no será llevado a cabo. Al parecer, finalmente se dieron cuenta que el mismo «colisiona con políticas públicas en materia de Derechos Humanos y de libertad de expresión«, quién lo diría?

Por cierto, gracias @PabloAlaniz y @Apuntes_Urbanos por el dato.